El trabajo no ha terminado

Hace cuarenta años, tres mujeres dieron un paso al frente. Ana María Vidal Abarca, viuda del jefe de Miñones Jesús Velasco, asesinado por ETA; Sonsoles Álvarez de Toledo, e Isabel O' Shea fundaron la Hermandad de Víctimas del Terrorismo, rebautizada como AVT. Fue la primera asociación que nació con el objetivo de visibilizar a las víctimas -de darles voz, pero también escucharlas- y luchar por sus derechos. Ellas abrieron camino. Con el tiempo llegaron a crearse alrededor de cuarenta colectivos, de los que a día de hoy quedan unos 25. El próximo miércoles se cumplen diez años desde que ETA anunciara su intención de dejar de matar, extorsionar y amenazar, pero muchas de las reivindicaciones que marcaron la génesis de esas asociaciones y fundaciones siguen vigentes: justicia, derecho a la verdad, deslegitimación de la violencia y memoria. La tarea continúa.

Es el de los afectados por el terrorismo un movimiento muy plural. Como lo son también los propios damnificados. La mayoría de las víctimas no están asociadas y ningún colectivo puede arrogarse la representación de todas ellas. Este reportaje se centra en la labor de las asociaciones. En el papel que desempeñan y en el que se reivindican. «Afortunadamente, no tenemos que lamentar más muertes, pero el trabajo no ha terminado, ni mucho menos», afirma la presidenta de la AVT, Maite Araluce.

Recordaba el recientemente fallecido Joseba Arregi que las víctimas podrán retirarse de la esfera pública y vivir el duelo en privado cuando en todos los ámbitos, en el ético, el social, el político y el institucional, quede asegurado el 'nunca más'. «Mientras no sea así, seguiremos ayudando en el empeño por desterrar los discursos del odio y por construir una convivencia asentada en valores democráticos», subraya Natividad Rodríguez, viuda del exvicelehendakari socialista Fernando Buesa, asesinado por la banda terrorista en 2000, y presidenta de la fundación que desde hace veinte años lleva su nombre.

Rodríguez considera que los colectivos de víctimas han sido «imprescindibles» y tiene claro que, si bien la situación ha evolucionado, siguen siéndolo. En primer lugar, en un plano más «interno». «Hablamos de la ayuda mutua, porque nadie entiende mejor los sentimientos o el dolor de una persona que otra que lo haya padecido antes -explica-. Hay muchas víctimas que lo han superado y que incluso han conseguido rehacer sus vidas. Serían quienes mejor podrían mostrar al resto, desde la empatía, el camino difícil, pero posible».

Existen víctimas que, décadas después de sufrir un atentado, «siguen necesitando asistencia psicológica, laboral, económica, jurídica...», reconocen desde la AVT. Requieren el apoyo de profesionales y la mayoría encuentra esa ayuda en la asociación, antes que en cualquier gobierno. «El dolor no prescribe jamás», remarca Araluce, cuyo padre, el que fuera diputado de Gipuzkoa Juan María Araluce, fue asesinado por ETA en 1976.

A la AVT se le atribuyen logros como la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo de 1999, que abrió la puerta a un reconocimiento expreso de la condición de damnificado. Sonadas -y polémicas- fueron también sus multitudinarias manifestaciones que culminaban en la plaza de Colón de Madrid en protesta por la política antiterrorista del Gobierno y el proceso de diálogo con ETA. Especialmente durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero. Sin olvidar la concentración tras la decisión del Tribunal de Estrasburgo de tumbar en 2012 la 'doctrina Parot', ya con Mariano Rajoy en La Moncloa.

Con el final de ETA, el músculo que se exhibía en las calles pasó a ejercitarse, con mayor o menor discreción, en los despachos de instituciones y partidos. «Hay quien nos quiere culpabilizar de que 'la paz' esté en peligro. Se nos acusa de crispar por reclamar nuestros derechos a la memoria, la verdad y la justicia», lamenta la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez.

Los colectivos de víctimas han dejado su huella estos años a la hora, por ejemplo, de impulsar reformas legislativas. El Ejecutivo central trabaja en la actualización de la normativa estatal de víctimas de 2011. Según recuerda Javier López, de la Asociación Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado Víctimas del Terrorismo -ACFSEVT, los más castigados por ETA-, los colectivos continúan a la espera de que la normativa acabe «con las diferencias de derecho y de trato entre víctimas con sentencia judicial y las que carecen ella». Euskadi se plantea, además, estudiar la modificación de la ley aprobada en 2008 por el Parlamento de Vitoria.

Han participado en los procesos de contraste de los diferentes planes de paz y convivencia alumbrados por el Gobierno vasco, y en las unidades didácticas con las que abordar el terrorismo en las aulas, tanto en Euskadi como en el resto de comunidades autónomas. Un ámbito, el educativo, al que otorgan una importancia «mayúscula». Suyo es, además, el mérito de recordar que, «aunque parezca increíble», como reprocha Maite Araluce, «todavía no sabemos el número exacto de asesinados por ETA» y son alrededor de 300 los crímenes de la banda sin resolver.

Cabe señalar que si bien muchos atentados han prescrito, no así el derecho a la verdad. «Esta es una de las mayores heridas que han tenido que soportar después del asesinato de sus familiares», subraya Ordóñez, que critica que «las operaciones policiales contra miembros de la banda son cada vez menos». En especial, puntualiza, desde 2011, y «pese a quedar etarras huidos».

ETA no mata. Pero nadie pone en duda que existen asignaturas pendientes. Una fundamental es la de evitar cualquier justificación del terrorismo, algo que -advierte Natividad Rodríguez- «todavía está pendiente en muchos sectores de nuestra sociedad». «Hace falta una deslegitimación que incluya una autocrítica creíble por parte del mundo civil que apoyó el terrorismo», subraya, y «una memoria veraz de lo ocurrido, que dé cuenta de la existencia de víctimas y verdugos, sin equidistancias y sin excusas que minoren el horror padecido». «Recordar para homenajear a nuestros muertos y para no blanquear a los responsables de tanto sufrimiento. A los que apretaban el gatillo y accionan las bombas, pero también a los que aplaudían y siguen defendiendo desde las instituciones que algunos atentados tuvieron justificación», añade Araluce.

Los colectivos de víctimas han mostrado una disparidad de opiniones en relación a la política penitenciaria. Unos critican al Gobierno de Pedro Sánchez por acabar con la dispersión como «moneda de cambio para conseguir objetivos partidistas», lo que reprocha Javier López, y exigen a los presos la colaboración con la Justicia, mientras que otros no se oponen a los acercamientos, siempre que se respete la ley. Pero hay una cuestión en la que su postura es unánime: el rechazo a los 'ongi etorris'. «No solo es una cuestión indigna y humillante, sino que es muy peligroso que las nuevas generaciones crezcan teniendo a terroristas sanguinarios como referentes y héroes», apostilla Ordóñez, quien no duda en cargar contra la izquierda abertzale por «adueñarse del criterio de medir qué es ofensa y qué no» mientras respalda estos actos.

«Cuando estoy con víctimas a las que acompañé hace quince años a juicios y ven que los terroristas condenados no solo están en la calle, sino que les rinden homenaje por matar... Hay que estar ahí y ver cómo se sienten», declara Miguel Folguera, presidente de la Asociación Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo y herido en el atentado contra la Dirección General de la Guardia Civil en Madrid, por el que fue condenado Henri Parot. Desde 2012, la APAVT ha registrado ante tribunales e instituciones unas setenta solicitudes de prohibición de actos relacionados con ETA. «Seguiremos dando la batalla para que la verdad de lo que ha pasado se sepa», agrega Folguera.

«Las víctimas y sus asociaciones y fundaciones pueden presentar una trayectoria limpia y exitosa, no exenta de errores y puntuales máculas. Queda por delante aún mucho trabajo, pero nuestra disposición sigue siendo tan sólida y entusiasta como el primer día -asegura Natividad Rodríguez-. El 'nunca más' bien lo merece».

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